Política Económica
Igualdad con soberanía nacional. Rechazamos el Tratado de Libre Comercio suscrito por el actual gobierno con los Estados Unidos de Norteamérica y convocaremos a una consulta popular, previa garantía de información a la ciudadanía, para que sea la sociedad colombiana la que decida al respecto. Ejerceremos soberanía sobre la explotación de los recursos naturales estratégicos tales como los hidrocarburos, el carbón, las salinas, el níquel, la generación eléctrica, los metales y minerales preciosos, de tal manera que su extracción favorezca los intereses nacionales. Igualmente, recuperaremos la soberanía sobre la utilización del espectro electromagnético, la plataforma submarina, el agua de los ríos, los páramos y los bosques.
Igualdad con desarrollo industrial. Recuperaremos para el Estado áreas estratégicas de la producción. Utilizaremos el exceso de divisas con que actualmente cuenta la economía para apalancar la inversión estatal en sectores estratégicos, tales como las telecomunicaciones, los recursos energéticos y la infraestructura vial al igual que la cofinanciación de proyectos productivos facilitando al mismo tiempo crédito de fomento a la pequeña y mediana industria. Impulsaremos la inversión productiva tanto pública como privada en cadenas productivas de alto valor agregado e intensivas en empleo. Apoyaremos la pequeña y mediana empresa, y protegeremos el trabajo asociativo, solidario y cooperativo, fortaleciendo el mercado interno. Igualmente aplicaremos una política arancelaria de protección a la producción endógena. Sobre la base de conseguir estos propósitos nos comprometemos a lograr un crecimiento anual mínimo del PIB del 6% en la perspectiva de mejorar el empleo y la calidad de vida de los colombianos.
Propiciaremos relaciones económicas y comerciales bilaterales y multilaterales sobre la base de respetar la soberanía de los países y de aplicar criterios equitativos en el intercambio comercial. Insistiremos en el propósito de un mercado común latinoamericano, que desarrolle proyectos estratégicos de integración en el área de las comunicaciones, infraestructura, energía, comercio y producción.
Diseñaremos una política pública de apoyo a las instituciones de investigación para el desarrollo de la ciencia y la tecnología orientadas a la producción industrial y agrícola y a la solución de los grandes problemas del país. Estimularemos programas de formación e innovación científica y técnica. Garantizaremos los derechos de los trabajadores y estableceremos estímulos laborales a los empresarios.
Igualdad con recuperación del campo. El derecho a la tierra y al territorio es parte fundamental de la vida y la cultura de los pueblos y las comunidades rurales. Se garantizará este derecho a las comunidades afrocolombianas e indígenas y a los campesinos que han carecido de tierra, así como a quienes la han perdido como consecuencia de la violencia, el latifundio o la quiebra de los productores. Impulsaremos la inversión agrícola garantizando la soberanía alimentaria. Implementaremos una política arancelaria que restrinja las importaciones de bienes agrícolas y estableceremos precios de sustentación adecuados. Adicionalmente regularemos los costos de los insumos agropecuarios. Promovemos una política de fomento que posibilite crédito suficiente, oportuno y barato a los campesinos incluyendo condonación de deudas.
Redistribuiremos democráticamente el latifundio improductivo y las propiedades rurales expropiadas al narcotráfico para la constitución de reservas campesina inembargables o su entrega a formas asociativas campesinas o cooperativas de pequeños productores.
En el marco de un ordenamiento territorial democrático ejecutaremos una planeación participativa regional que integre el campo con la ciudad procurando armonizar los intereses de la población. Impulsaremos la creación de mercados alternativos que potencien la solidaridad y la cooperación entre los campesinos y la población urbana.
Igualdad formalizando la economía informal. Propondremos la formalización de estas unidades sobre la base de una política pública que posibilite la ejecución de proyectos de inversión viables, acompañados de crédito de fomento, capacitación y planes de mercadeo.
Igualdad con seguridad laboral. El empleo digno y la generación de ingresos serán prioridades del conjunto de las políticas económicas y sociales en todos los niveles del Estado y del gobierno. Propondremos la derogatoria de la Ley 789 de 2002. Garantizaremos los derechos de asociación sindical y contratación colectiva para todos los trabajadores. Armonizaremos la legislación laboral con los convenios de la OIT. Proscribiremos las formas de tercerización de la contratación laboral y recuperaremos la vigencia del contrato individual y colectivo del trabajo. Propondremos la creación de una renta básica universal en reemplazo de la política de focalización que favorece las prácticas clientelistas.
Igualdad con derechos laborales. En cumplimiento y desarrollo del artículo 53 de la Constitución Nacional, someteremos a aprobación el Estatuto del Trabajo, debidamente concertado con los trabajadores y ajustado a las directrices de la Organización Internacional del Trabajo-OIT-. Diseñaremos políticas de reconocimiento al trabajo de las mujeres y de su valor real y la contabilización económica del trabajo no remunerado de las mujeres en cuentas satélites. Eliminaremos las formas de discriminación laboral de la mujer.
Para la construcción de un modelo económico que garantice la equidad impulsaremos las siguientes políticas:
Igualdad con renegociación de la deuda pública. Impulsaremos la renegociación y recomposición de la deuda pública para recuperar recursos fiscales que posibiliten mayor inversión social en general y en salud y educación en particular. En el caso de la deuda interna esta renegociación debe recuperar para las tesorerías del Instituto de Seguros Sociales - ISS- ECOPETROL y las demás entidades estatales los dineros que se encuentran invertidos en TES. Adicionalmente le pagaremos al ISS la deuda social reintegrándole los dineros que los gobiernos anteriores dejaron de cotizar durante décadas, los que se apropiaron abusivamente como ingresos fiscales y los que utilizó el FOSYGA durante las “operaciones de salvamento” del sector financiero en la perspectiva de recuperar el régimen de prima media.
Renegociaremos con las Instituciones Financieras internacionales la reestructuración de la deuda externa y una moratoria en las obligaciones más gravosas para liberar recursos que permitan consolidar la paz y el desarrollo sostenible. Denunciaremos los acuerdos stand by que impongan al país exigencias legales y políticas públicas que afectan la soberanía nacional y los intereses de la población. Suspenderemos el canje de deuda externa por interna mostrando las graves consecuencias en materia de endeudamiento interno.
Igualdad con control de la economía. Presentaremos al Congreso una iniciativa constitucional de reforma al Banco de la República y al sistema financiero para recuperar el manejo soberano de la política monetaria, el control de cambios y la emisión primaria de manera programada y técnica cuando esta sea necesaria para apalancar inversión productiva pública y privada y gasto social. Esta reforma incluirá la democratización accionaria y el acceso al crédito.
Igualdad tributaria. Impulsaremos una reforma tributaria democrática y progresiva, eliminando las exenciones a las rentas del capital consagradas en la actual legislación tributaria y aumentando progresivamente los impuestos a la renta. Propondremos un régimen diferente para las rentas de trabajo y para las rentas de capital.
Igualdad con servicios públicos domiciliarios. Propondremos, con carácter urgente, la derogatoria de la ley 142 de 1994. Garantizaremos acceso universal a los servicios públicos domiciliarios utilizando tarifas diferenciadas conforme a la capacidad de pago de las familias.