Entre las primeras preocupaciones de la población colombiana se encuentra siempre la de su seguridad y la de que se logre una solución negociada y efectiva del conflicto armado. El Presidente Alvaro Uribe convirtió la propuesta de seguridad democrática en el eje de su gobierno. Al término de su mandato es claro que obtuvo algunos logros pero a costos insostenibles para la soberanía nacional, para el Estado de Derecho, para los Derechos Humanos y para el presupuesto nacional. Además ya está demostrado, por la persistencia al final de su mandato del conflicto armado interno, que su modelo de seguridad democrática es insuficiente para resolverlo y que es necesario modificar substancialmente su estrategia y complementarla con un proceso de negociación política. Proponemos por tanto el diseño e implementación de una política nacional de paz, como política de Estado y no como bandera de campaña, que aproveche los logrados acumulados, corrija las graves inconsistencias e inconveniencias de la política vigente y se convierta en una alternativa real para la superación definitiva del conflicto armado en un tiempo razonable, como condición y garantía de una vida y una democracia seguras en un país equitativo y en paz.

Dada la importancia y complejidad de los temas en cuestión y de la confusión existente en algunos conceptos es necesario, antes de formular nuestra propuesta, enunciar algunas afirmaciones básicas. A diferencia del gobierno actual, reconocemos en primer lugar la existencia del conflicto armado en el país, originado en la desigualdad, la exclusión, la negación de las libertades, la represión de la protesta social y la violación de los derechos humanos. Si bien en algunas ocasiones dicho conflicto ha asumido formas terroristas por parte de sus distintos actores, no es correcto negarlo y reducir todo el problema a la confrontación del terrorismo. Rechazamos categóricamente el terrorismo y todas las acciones terroristas, vengan de donde vengan, y nos preocupa que el mismo Estado haya incurrido o pueda incurrir en ese tipo de acciones. No pueden considerarse ni reducirse a terrorismo las justas manifestaciones de la protesta popular ni los reclamos válidos de la sociedad organizada por mayor justicia y democracia real. Defendemos para el Estado de Derecho la exclusividad del uso legítimo de las armas y velaremos porque se haga efectiva y porque jamás el Estado la utilice abusiva o ilegítimamente.

Consideramos necesaria la vigencia del Estado Social de Derecho para poder brindar seguridad humana integral a todos y a todas en Colombia. Como bien público fundamental, la seguridad humana integral trasciende los conceptos de defensa, seguridad y guerra contrainsurgente. Se basa en la convivencia, la solidaridad, la igualdad y el respeto a la diferencia. Los ciudadanos tienen pleno derecho a demandar seguridad al Estado y éste tiene la obligación de garantizarla, pero dentro de la vigencia del Estado de Derecho y mediante una estrategia que combine los componentes sociales, políticos y militares del problema que enfrentamos.

La paz no puede seguir siendo un concepto vacío, o una realidad ignorada como lo ha sido para el actual gobierno, ni una promesa ocasional de campaña electoral. La consecución de la paz y la igualdad social es la principal tarea que tenemos todos en Colombia y debemos entenderla como una construcción colectiva y concertada del Estado y la Ciudadanía en los campos económicos, sociales y políticos y, en la actual coyuntura nacional, como el producto de la negociación política del conflicto armado con los actores implicados. Podemos decir que la paz nos conviene a casi todos mientras la guerra favorece a pocos y nos hace daño a todos. Con base en las consideraciones anteriores e interpretando el clamor popular que reconoce que ya existe en el país una saturación de violencia y que es el momento de la paz con justicia y de la solución negociada y definitiva del conflicto armado a partir de reformas de fondo que resuelvan sus raíces más profundas, hacemos las siguientes propuestas y asumimos los respectivos compromisos.

Convocar al país a la formulación e implementación de un Acuerdo Nacional de Paz que haga explícito el compromiso de todos los ciudadanos y ciudadanas, de las organizaciones insurgentes y de los grupos paramilitares, de deponer el uso ilegítimo e ilegal de las armas como mecanismo de resolución de los problemas que enfrentamos y de trabajar conjunta y solidariamente por encontrar mediante el diálogo y la concertación los caminos adecuados para el logro de la paz con justicia, soberanía y dignidad. Dicho Acuerdo debe contener los principios, mecanismos y condiciones fundamentales de la negociación política y las responsabilidades asumidas por cada sector para garantizar el éxito del proceso de negociación Al asumir el gobierno convocaremos al Consejo Nacional de Paz para que, bajo la directa responsabilidad y coordinación del Presidente de la República y de su Asesor para la Paz adelante las gestiones y defina los mecanismos necesarios para concretar el Acuerdo e iniciar el proceso de negociación efectiva con las organizaciones insurgentes y con los grupos paramilitares. Dicho proceso se adelantará de preferencia en el territorio nacional y en condiciones de cese de hostilidades y hostigamientos.

Mientras se avanza en la formulación del Acuerdo Nacional de Paz, se concretarán Acuerdos y Compromisos humanitarios, que garanticen el respeto al derecho Internacional Humanitario por parte de todos los actores armados y faciliten la liberación de las personas secuestradas, retenidas y privadas de la libertad por causa del conflicto. Estos Acuerdos no buscan legitimar las acciones derivadas del conflicto sino garantizar el derecho a la libertad de las personas, reducir el sufrimiento de las víctimas y sus allegados, crear condiciones de confianza entre las partes que los suscriben y hacer explícito el interés y el compromiso en la vía negociada para la resolución del conflicto armado.

Marco legal. Formularemos y buscaremos la aprobación del marco legal requerido para que los procesos de negociación, desmovilización y reinserción de los integrantes de las organizaciones insurgentes y de los grupos paramilitares comprometidos con el proceso de paz negociada se ciñan a los imperativos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, cuidando de manera especial el establecimiento de la verdad de los acontecimientos, la garantía de no impunidad en especial en lo relacionado con los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el desarrollo del conflicto, y el resarcimiento debido a las víctimas.

Cooperación internacional para la paz, no para la guerra. Promoveremos desde el gobierno la cooperación internacional para lograr la paz y no para estimular o perpetuar la guerra. En ejercicio de la soberanía y la autodeterminación del país, desecharemos la ingerencia de gobiernos extranjeros en los asuntos de competencia del Estado colombiano y suspenderemos todo programa o tipo de ayuda de cualquier país que vulnere la soberanía nacional, trate de imponer políticas foráneas o dañe nuestro ecosistema. Demandaremos de la comunidad internacional analizar y fijar posiciones claras y coherentes en temas y negocios que han servido como combustibles a nuestro conflicto interno, tales como el tráfico de estupefacientes y de armas y la producción, venta y uso de minas antipersonales. Promoveremos el compromiso y el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos con nuestro proceso de paz y la conformación de un bloque de países que apoyen efectiva y autorizadamente nuestra Política Nacional de Paz y sus diferentes componentes.

Paz y cooperación con los países vecinos. La política de paz y negociación política del conflicto interno será también parte esencial de la política internacional y de fronteras, y constituirá el mejor aporte del país a la distensión y optimización de las relaciones con todos los países, en especial con nuestros vecinos geográficos. Nos comprometemos a respetar efectivamente la soberanía y el territorio de todos nuestros vecinos y solicitaremos su apoyo a nuestra política de paz.

Política de estupefacientes. Dada la gravedad del problema del cultivo y tráfico de sustancias sicoactivas, su impacto negativo sobre la tranquilidad y seguridad del país, y su relación con la persistencia del conflicto armado, buscaremos una solución de fondo y sin doble moral a los problemas del cultivo y el tráfico de este tipo de sustancias. Para ello plantearemos a nivel nacional e internacional el debate sobre la despenalización de la producción, el comercio y el consumo de estupefacientes y llevaremos a los escenarios y Organismos internacionales y al Congreso de la República iniciativas parlamentarias y de política internacional que recojan los resultados de dicho debate. Crearemos alternativas de producción y de mercado a los campesinos que cultivan las plantas que sirven de insumos y apoyaremos la investigación sobre sus usos alternativos. Suspenderemos las fumigaciones aéreas con químicos contra estas plantas y prohibiremos del uso de microherbicidas como armas de la guerra antidrogas.

Frente a la extradición. Ningún colombiano será extraditado por delitos cometidos en el país. Sólo se concederán extradiciones para quienes habiendo cometido delitos en otros países busquen refugio en Colombia, siempre y cuando exista reciprocidad por parte de los países solicitantes y garantía del respeto a los derechos de los sindicados.

Frente a los desplazados y demás víctimas del conflicto. La negociación política del conflicto y el logro de la paz permitirán acabar de raíz el grave y vergonzoso fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia. Mientras se avanza en el proceso, garantizaremos desde el gobierno los derechos individuales y colectivos de los desplazados y sus organizaciones y atenderemos esta crisis humanitaria acogiendo la legislación nacional y las recomendaciones de las agencias especializadas. Igualmente nos comprometemos a brindar condiciones de vida dignas y atención adecuada y oportuna a las demás víctimas del conflicto, en especial a los integrantes de grupos vulnerables como niños y niñas, mujeres, indígenas, afrodescendientes y población en situación de discapacidad.

Frente a otras formas de violencia y delincuencia. El conflicto armado constituye la máxima expresión y el mayor estímulo para las distintas formas de violencia que padece el país. Su resolución se convierte, por tanto, en elemento fundamental para la reducción de la violencia. No obstante, es urgente y necesario enfrentar las demás formas de violencia que deterioran nuestra calidad de vida mediante políticas sociales y preventivas y una política criminal científica y en armonía con nuestra realidad social. Nos comprometemos, en consecuencia, a definir, financiar y ejecutar políticas, programas y acciones para enfrentar las diversas formas de la denominada delincuencia común, la violencia callejera, la violencia intrafamiliar, particularmente la que afecta a los niños y niñas y a las mujeres, la violencia sexual y la violencia en el trabajo. Dados los altos índices de armamentismo de la población, promoveremos programas de desarme como los que ya se han iniciado en algunas ciudades y regiones del país, reduciendo así el riesgo de hechos violentos y fortaleciendo la cultura de paz y convivencia.