Política Social para la construcción de democracia

Bajo los principios de respeto a la diversidad, de participación efectiva y de no discriminación, y orientada a reducir las desigualdades y a construir democracia, la política pública aplicará integralmente el conjunto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario vigentes para toda la ciudadanía y para todos y cada uno de los grupos poblacionales que integran el país, teniendo en cuenta sus diferencias y necesidades específicas. Especial atención merecerán las mujeres, la niñez, los jóvenes, los ancianos, los pueblos indígenas y negros, los raizales, los gitanos, discapacitados, homosexuales, colombianos en el exterior, desterrados, exilados y refugiados, detenidos en cárceles colombianas o en el extranjero y todas las personas luchadoras sociales. Los siguientes serán los pilares de la política social.

Diversidad y no discriminación. Las políticas se dirigirán a crear las condiciones sociales, económicas, ambientales y colectivas para que en Colombia la vida sea digna, eliminando progresivamente las desigualdades e iniquidades y sus expresiones en miseria, hambre y pobreza injusta. Impulsaremos la legislación y reglamentación necesarias para que los derechos económicos, sociales y culturales sean exigibles como fundamentales. Serán prioritarios los derechos de la niñez y las políticas contra el racismo, el sexismo y toda forma de discriminación. Se protegerá y dará participación a las personas inválidas. A las poblaciones históricamente discriminadas se les garantizarán las mismas oportunidades y defenderemos el precepto de a igual trabajo, igual salario . Defenderemos los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y a la libre opción sobre su cuerpo. Se visibilizará y valorará el trabajo doméstico, rechazaremos la cultura y las expresiones sexistas, racistas, la violencia pública y privada contra las mujeres y otros grupos de población; nos opondremos a la utilización del cuerpo como botín de guerra y forma de sometimiento. Desarrollaremos mecanismos de consulta a los grupos étnicos en cuyos territorios se desarrollen proyectos de explotación o exploración de recursos naturales o megaproyectos que pongan en peligro su integridad étnica o cultural. Impulsaremos políticas públicas que promuevan y hagan realidad los derechos plenos de los homosexuales, bisexuales y transgeneristas.

Democracia plural con participación. Garantizaremos que las comunidades, organizaciones sociales y ciudadanía en general participen efectivamente en las decisiones de las políticas públicas, la planeación, la presupuestación, el ordenamiento territorial y en la defensa y vigilancia de lo público. Propondremos una reforma al sistema electoral y a las formas de representación para garantizar mayor democracia y participación. Promoveremos las formas de organización social y comunitarias de base. Estudiaremos y pondremos en vigencia las reformas necesarias a la estructura del Estado para hacer efectiva la aplicación de estos principios. Haremos efectivo el derecho de autodeterminación de los grupos étnicos y protegeremos los territorios colectivos de pueblos indígenas y el pueblo negro. Implementaremos las Entidades Territoriales Indígenas de manera concertada. Reconoceremos la pluralidad de modelos económicos existentes en Colombia, los planes de vida propios de indígenas y comunidades negras y su derecho a una articulación autónoma al sistema económico. Realizaremos una reforma concertada del sistema actual de transferencias a los pueblos indígenas. Se fomentará la recuperación y afirmación de la identidad y la cultura de los colombianos y de los distintos grupos étnicos y la visibilización de su aporte a la construcción histórica de la nación colombiana.

Democracia con seguridad social integral y salud. Propondremos un modelo de seguridad social integral de carácter público, que elimine el lucro privado del sistema de pensiones y articule los esfuerzos económicos de empleadores, trabajadores formales e informales y la responsabilidad del Estado a través de aportes e impuestos progresivos para alcanzar la solidaridad necesaria y la universalidad. Se implementará la pensión por vejez o invalidez como un derecho, cuyo tope máximo se fijará y cuyo monto mínimo será equivalente a un salario mínimo legal. Se abrirá un período de transición hacia un régimen de prima media. Se establecerá un sistema de pensiones público, único y autónomo, y un Fondo Público Único Nacional de Pensiones. Se suprimirán y liquidarán las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP) y el sistema de ahorro individual con solidaridad, con el objeto de proteger y garantizar el derecho a la pensión de todos los colombianos y en especial de quienes estén afiliados a los Fondos Privados de Pensiones. Los fondos individuales se trasladarán al Fondo Público Único Nacional de Pensiones. Los ciudadanos con capacidad de cotización, y en la medida en que lo hagan, tendrán derecho a una pensión adicional y seguro de desempleo, de acuerdo al ingreso base de cotización. Se organizarán mecanismos para que grupos poblacionales como los agricultores, campesinos o los transportadores independientes, puedan cotizar con el fin de mejorar el monto de su pensión.

La salud como un derecho. Ante la grave situación de salud pública, lo inadecuado e inequitativo del sistema de salud vigente que prioriza el lucro por encima de las necesidades y el dolor de las personas, aumenta la exclusión y propicia situaciones tan frecuentes y dolorosas como el denominado “paseo de la muerte, proponemos un nuevo sistema de salud basado en los siguientes principios:

1. La salud como un derecho humano fundamental y no como una mercancía. Impulsaremos en el Congreso la derogatoria de la Ley 100 de 1993 y se tramitará un Acto Legislativo para darle constitucionalmente a la salud el carácter de derecho fundamental. Presentaremos un proyecto de Ley con un nuevo sistema de salud que acabe con la diferencia de una atención para ricos y otra para pobres; con la mercantilización de la salud; con la intermediación financiera y la estructura que la fundamenta, y con la corrupción rampante que permite que agentes privados nacionales y trasnacionales se apropien de gran parte de los recursos públicos dedicados a la salud. Por consiguiente, el Estado no será más el árbitro de los negocios sino el garante efectivo del derecho a la salud.
2. Salud pública, prevención y atención oportuna de las enfermedades y promoción de la salud. Se diseñará un sistema territorializado, solidario, cercano a las necesidades de la población y regido por la equidad, que garantice a todos y a todas la prevención de las enfermedades y la atención oportuna y adecuada en caso de enfermedad, el suministro de los medicamentos necesarios con particular atención a los niños, los ancianos, los discapacitados físicos y psicológicos, las personas dependientes y las mujeres embarazadas Se recuperará la red pública de hospitales y puestos de salud, para ofrecer una atención escalonada, por niveles y con un referente territorial. Se integrarán la perspectiva de género y la visión étnico-cultural para la adecuada prevención y atención, y la vigencia de los sistemas tradicionales de salud. Se desarrollarán la atención primaria, el saneamiento básico y la promoción de la salud como elementos esenciales del sistema de salud.

Democracia con ambiente sano y agua potable. La prioridad de la política ambiental será garantizar agua potable para todas y todos los colombianos. Para tal efecto se desarrollará de manera inmediata un proyecto nacional para que todos los municipios del país tengan agua potable para la población tanto rural como urbana. El acceso al agua será considerado un derecho fundamental y por tanto no se permitirá que la prestación del servicio se privatice bajo ninguna modalidad. Se realizará una política participativa de recuperación, cuidado y conservación de las fuentes de agua. Defenderemos el patrimonio ambiental y su no privatización e impulsaremos un modelo de aprovechamiento solidario, sostenible y equitativo del patrimonio ecológico para garantizar la autosuficiencia, autonomía, seguridad y soberanía alimentaria, energética y ecológica. Se adecuará la legislación forestal para proteger los bosques naturales y su aprovechamiento sostenible. No permitiremos que su explotación indebida arrase nuestros bosques para beneficio de las multinacionales o de intereses privados. Se impulsará un Plan Nacional para la Defensa y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad y Defensa de los Parques Naturales como patrimonios de la Nación y se acabará con el sistema de concesión. Promoveremos el compromiso colectivo con un ambiente saludable y sostenible urbano y rural para las próximas generaciones y un trabajo para disminuir los impactos negativos sobre el ambiente. Cuidaremos del manejo de residuos líquidos y sólidos, domésticos e industriales, dando participación a los recicladotes.

Democracia con vivienda y servicios domiciliarios. Garantizaremos el derecho a la vivienda digna. La construcción de vivienda de interés social será una política de Estado y no un negocio para beneficio del capital financiero. Aplicaremos la reforma urbana a nivel nacional y políticas de vivienda digna para todos y todas los colombianos, un sistema financiero con créditos bajos y a largo plazo para la adquisición de vivienda social y el disfrute de arriendos o alquileres bajos y accesibles en una hábitat digno para las poblaciones de menores recursos. Se revisarán los casos de las 170 mil familias que en el último período perdieron sus viviendas bajo el sistema financiero de los Upac. El Estado garantizará la prestación de servicios públicos domiciliarios adecuados, con calidad y cubrimiento universal y tarifas justas y accesibles para toda la población. No se privatizarán los servicios públicos.

Democracia con educación, cultura y comunicaciones. Defenderemos la educación pública, universal, gratuita, de calidad y obligatoria mediante la presentación de una Ley Estatutaria de Educación en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media, y el fortalecimiento y gratuidad de la universidad pública. Se fortalecerán la formación técnica laboral y la etnoeducación. Se diversificará la educación teniendo en cuenta las particularidades regionales y su significado y aporte nacional. Se hará efectiva la libertad de cátedra, de enseñanza y de cultos. Se garantizará la permanencia, disponibilidad, accesibilidad y la equidad en el proceso educativo. Destinaremos recursos financieros para la dotación de los planteles educativos de todos los niveles. Se ofrecerá servicio estatal de educación preescolar de tres grados y de guarderías infantiles. Se elaborará participativamente un Plan Decenal Educativo. Incorporaremos en los programas educativos los derechos humanos y una cátedra sobre equidad de género. Se implementarán, de la manera más adecuada, los comedores escolares, la psicoorientación, la atención especializada a discapacitados y niños especiales, y la prevención a las adicciones. Se eliminará progresivamente el subsidio a la demanda en el sector educativo.

Ciencia y Tecnología: Definiremos una política pública de largo plazo que promueva la investigación científica, desarrolle el talento humano y vincule la investigación al desarrollo del país. Se asignará, incrementará y respetará el presupuesto requerido para respaldar la inversión en ciencia y tecnología. Se fortalecerán los parques tecnológicos convocando el concurso del Estado, del sector privado y de las universidades.

Cultura, artes y deporte. Implementaremos una política cultural que apoye los procesos de reconciliación, el respeto a la diferencia, la tolerancia y la pluralidad, y que afirme los valores culturales y de identidad nacional. Daremos a los artistas el reconocimiento y las garantías laborales y de seguridad social requeridos para el ejercicio de su actividad creativa. Se promoverá el deporte masivo, competitivo y la recreación gratuita.

Información y comunicaciones. Considerando el área de las comunicaciones como un bien público estratégico para el país y de servicio social, se impedirá su monopolio. Se impulsará la democratización de los medios de comunicación públicos y se fortalecerán los medios comunitarios y alternativos de comunicación. Defenderemos y garantizaremos la libertad de prensa y de expresión y regularemos el funcionamiento y la asignación de los medios privados de radio y televisión. Defenderemos la soberanía sobre la órbita geoestacionaria y satelital. Cumpliremos el papel que corresponde al Estado en la Comisión Nacional de Televisión. Haremos efectivo el rechazo a la mercantilización de la imagen del cuerpo de niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres. Pondremos a disposición de las personas los medios tecnológicos suficientes para un ejercicio autónomo de la información y el conocimiento. Se fortalecerán las iniciativas de formación y educación en las tecnologías de la información y la comunicación para extender su uso de manera progresiva y rápida, en especial en los ámbitos de la educación, la salud, la cultura, la gestión empresarial y el comercio electrónico.